Al igual que han hecho otros países, el Gobierno de Argentina tiene derecho a nacionalizar los recursos naturales de su país si considera que son vitales para su desarrollo económico. No es esto lo que hace unas horas se ha aprobado en Buenos Aires. La expropiación decretada por Cristina Kirchner solo afecta al porcentaje del capital de YPF que estaba en manos de Repsol, no a las acciones de los fondos de inversión estadounidenses ni tampoco a las que son propiedad de los inversores locales, la familia Eskenazy. Es una ley a medida, que también excluye a otras multinacionales petroleras que operan en Argentina, como Shell, Petrobras, Total o Exxon. Estos detalles nada menores convierten una discutible nacionalización en una simple y llana estafa.