Una denuncia ciudadana obligó a la Policía Federal a implementar un operativo que concluyó en junio del año pasado con la detención de tres presuntos extorsionadores. La investigación los ubicó en Ecatepec de Morelos, Estado de México, según la Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP). La clave fue ubicar sus teléfonos celulares mediante geolocalización, la misma tecnología que permite crear mapas por satélite, revisar el tráfico o ubicar restaurantes en las redes sociales. El Gobierno federal tiene la facultad de averiguar el lugar exacto donde está un celular desde que en marzo de 2012 fue reformada la Ley Federal de Telecomunicaciones, una medida criticada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pidió declararla inconstitucional por “lastimar” la garantía de privacidad.