Las llamadas —y las ventas— no se han detenido desde hace dos años. Se han acelerado con la cercanía de las campañas presidenciales. Han sido de la coordinación de tierra de diferentes candidatos, del gobierno federal, una alcaldía al norte del país y del Poder Judicial. También de un senador, un secretario de Seguridad Pública estatal y el hijo de un prominente político, por mencionar sólo a algunos. Todos quieren estar blindados.