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Advirtieron que el gobierno federal estuvo ausente en el proceso de construcción de dicha Ley, y reprocharon que ahora busque “vetarla”. Por su parte, el secretario de Gobernación, Alejandró Poiré, justificó la devolución de la Ley al Congreso, argumentando que para el gobierno federal es imprescindible que la ley establezca claramente las funciones y responsabilidad que cada orden de gobierno tiene en la atención a víctimas del delito. Durante la presentación de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación, el funcionario reconoció que las observaciones del Ejecutivo no han sido bien recibidas, particularmente por organizaciones sociales, sin embargo, apuntó que es fundamental que la nueva ley sea funcional, “que cuente con elementos que garanticen que la ley funcione bien y no resulte un problema”, apuntó.
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