Las acusaciones son graves y corresponderían a crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra: según Amnistía Internacional, entre septiembre de 2011 y diciembre de 2015 el gobierno de Siria ejecutó en secreto, y en una única cárcel, a entre 5.000 y 13.000 personas, en su mayoría civiles opuestos al gobierno. La organización humanitaria afirma que durante ese período ahorcamientos masivos tuvieron lugar en la prisión de Saydnaya de forma semanal. Y, según AI, esas ejecuciones fueron autorizadas al más alto nivel por las autoridades en Damasco, que desde marzo de 2011 se enfrentan a un alzamiento en contra del presidente Bashar al Assad que ha sido aprovechado por grupos islamistas como el autodenominado Estado Islámico.