Ángela Buitrago, la líder del grupo de expertos de la Comisión Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso Iguala e insiste en interrogar a militares del 27 Batallón de Infantería, usó testimonios falsos para encarcelar por 30 años a un militar colombiano por supuesta de-saparición forzada, acusación que se cayó el pasado 16 de diciembre, pues la Corte Suprema de Justicia de ese país anuló la sentencia y ordenó liberar de inmediato al inculpado que llevaba preso ocho años. La ahora experta independiente, que con un par de fotografías que no ha mostrado busca desacreditar las investigaciones que indican que varios de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 fueron calcinados en el basurero de Cocula, ordenó en 2007, siendo fiscal de Colombia, la aprehensión del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.