Desde la entrada en vigor del certificado energético, concreto desde el uno de junio de 2013 con la Ley 235/2013 “Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios”. Se han ido sucediendo diferentes acontecimientos que marcan la evolución de tales informes, evidentemente atendiendo a una normativa que necesita una evolución desde su entrada en vigor. En primer lugar existía una necesidad de conocer a los Técnicos Cualificados que podían redactar los informes que en la Ley 235/2013 no se detallaron de forma específica y que el Ministerio de Industria posteriormente a clarificado mediante un comunicado informativo, y son: Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Aparejadores,Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Minas, Ingeniero de Montes, Ingeniero Naval y Oceánico, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero Técnico Aeronáutico, Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Técnico de Minas, Ingeniero Técnico Naval, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Técnico Telecomunicación, Ingeniero Técnico Topógrafo. En segundo lugar los registros de cada Comunidad Autónoma para los certificados energéticos exigieron un pago por el Registro que posteriormente se retractaron atendiendo a la polémica suscitada y las elevadas cuotas asignadas. Siendo que en la mayoría, actualmente ya no se produce tal pago. En tercer lugar la clarificación de diferentes dudas suscitadas con la entrada de la Ley, que a día de hoy, con más de dos meses de implantación prácticamente ya están resueltas. En cuarto lugar y sin solución en la actualidad es la “guerra” de precios a la baja desatada por los Técnicos certificadores con el afán de obtener el encargo, donde el presupuesto certificado energético ha variado, y mucho, para una misma tipología de inmueble y características sembrando la desconfianza ante el consumidor. En quinto lugar, los “piratas” tanto técnicos como representantes de inmobiliarias y otros oportunista que han visto posibilidad de negocio provocando situaciones inconcluyentes tanto en la redacción como por medio del desconocimiento del consumidor con el afán de obtener dinero de forma rápida. En sexto, el “pasotismo” de la Administración ante diferentes situaciones en que su deber es regular y proteger tanto al Técnico como al consumidor y que a día de hoy no ha tomado cartas. Evidentemente toda normativa nueva necesita un proceso de adaptación y regulación, pero estamos viendo desde el sector de la construcción que la administración cierra los ojos ante tales esperpentos. Artículo elaborado por portal certificación energética OVACEN http://ovacen.com